En muchos países, algunas leyes actúan como barreras a la educación, especialmente aquellas que permiten el matrimonio precoz o la expulsión de las adolescentes embarazadas. Un estudio realizado en 15 países reveló que en Indonesia y la República Unida de Tanzania se encontraban los entornos más discriminatorios para las niñas. En la República Democrática del Congo, era habitual la expulsión de las adolescentes embarazadas. El matrimonio precoz aumenta la probabilidad de abandonar prematuramente la escuela, pero en 2016 seguía practicándose en muchos países, como Afganistán, Bangladesh, Nepal, Sudán del Sur, la República Unida de Tanzania y el Yemen (Human Rights Watch, 2016).

En Zimbabwe, las familias pueden sentirse obligadas a casar a sus hijas para mantener el honor de la familia si la chica queda embarazada, pasa la noche fuera del hogar o incluso si se la ve con un novio. Según una estimación, casi un tercio de las adolescentes del país se casan antes de los 18 años, y el 4% antes de los 15 años (Human Rights Watch, 2016). Incluso en los países donde existe una legislación al respecto, no siempre es efectiva. La clave para abordar el problema es sensibilizar a la comunidad acerca de estas cuestiones y adaptar las respuestas a la cultura local, de tal modo que los actores asuman la responsabilidad colectiva de hacer que las niñas no abandonen la escuela (Recuadro 3).

En algunos países, se expulsa de la escuela a las adolescentes embarazadas en un intento equivocado de defender las normas morales. En la República Unida de Tanzania se efectúan rutinariamente pruebas de embarazo, y cada año más de 8000 niñas son expulsadas de la escuela porque se descubre que están embarazadas (Human Rights Watch, 2016). Otros países, como Fiji, ofrecen una posibilidad de regreso a la escuela a las chicas que abandonaron sus estudios por causa de embarazo (UNESCO, 2015c). En México, esta vía de regreso cuenta con el apoyo de becas para que las adolescentes de 12 a 18 años puedan completar su educación (Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2017).

Las garantías legales de acceso a la escuela que estipula la ley no siempre redundan en una asistencia regular. Los costos de la educación y las dificultades financieras pueden conducir a los padres a dar prioridad a la educación de uno de los hijos en detrimento de otros, a menudo sobre la base de normas sociales que favorecen a uno u otro sexo. En algunos países las leyes de ausentismo escolar se usan para promover la asistencia, con la idea de que la amenaza de multas o de cárcel incite a los padres a tomar medidas. Sin embargo, no hay pruebas sustanciales de la eficacia de dichas leyes para reducir el ausentismo crónico (Atkinson, 2016). Además, las sanciones severas afectan desproporcionadamente a las familias de bajos ingresos (Hutchinson et al., 2011). Dado que, entre los progenitores solteros, las madres son más numerosas que los padres, las madres suelen ser procesadas en Inglaterra y Gales, donde representaban entre el 59% y el 63% de todas las condenas por ausentismo escolar entre 2002 y 2006. Este tipo de trato achaca erróneamente a las madres solteras la responsabilidad de su marginación socioeconómica y las estigmatiza como si fuesen incapaces de ser buenas madres (Donoghue, 2011).

Los programas de transferencias condicionadas de efectivo proporcionan asistencia financiera o en especie a las familias pobres, a condición de que sus hijos asistan a la escuela. Estos programas se originaron en América Latina, extendiéndose luego a países de ingresos bajos y medios de otras regiones (Barrientos et al., 2010; García y Moore, 2012). En Malí, el programa Bourses Maman proporciona a las mujeres subsidios para actividades generadoras de ingresos, con el fin de que las niñas asistan a la escuela (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2017). Estos pagos condicionados se dirigen a menudo a las madres, no solo para empoderar a las mujeres, sino también porque es más probable que inviertan ese dinero en el desarrollo del capital humano de sus hijos (McGuire, 2013).

Después de la introducción de programas de subvenciones condicionadas, la matriculación, asistencia y retención escolar de las niñas mejoraron en países como Bangladesh, Burundi, Pakistán, Somalia y Turquía (Fiszbein y Schady, 2009, UNGEI, 2017). En Bangladesh, el programa de estipendio femenino para la escuela secundaria no solo aumentó en 2,7 años la escolarización de las niñas concernidas, sino también la de sus hermanos menores en casi un 10% (Begum et al., 2017). En Zimbabwe, una operación que cubrió la matrícula escolar, los artículos escolares y una ayuda adicional a las niñas huérfanas redujo la tasa de deserción escolar de estas niñas en casi el 50% (Iritani et al., 2016).