Para exigir al gobierno que rinda cuentas sobre sus promesas en materia de igualdad de género en la educación, los planes de educación creíbles son una herramienta clave. Dichos planes deben definir claramente las responsabilidades, contar con una evaluación adecuada de sus costos y tener un presupuesto transparente. Los planes educativos facilitan la coordinación entre las entidades y pueden reunir a distintos ministerios para hacer frente a los desafíos de gran alcance que a menudo obstaculizan la educación de las niñas. Para que los planes incluyan y financien adecuadamente estrategias y políticas que promuevan la igualdad de género, conviene hacer participar a distintas partes interesadas.

Un estudio de la Alianza Global para la Educación concluyó que 25 de los 42 planes del sector educativo que examinó eran sensibles a las cuestiones de género. Utilizó tres criterios a estos efectos: presencia de datos desglosados por género; inclusión de un análisis de las barreras que se oponen a la educación de las niñas; e inclusión de información sobre la aplicación de estrategias con perspectiva de género. Los planes de nueve países (República Centroafricana, Chad, Comoras, Guyana, Haití, Madagascar, Nicaragua, República de Moldova y Uzbekistán) no cumplían ninguno de los tres criterios (GPE, 2017).

La existencia de un plan que cumple con determinados criterios no es en modo alguno una garantía de éxito. Afganistán tiene un plan que tiene en cuenta las cuestiones de género y reconoce la importancia de las docentes de sexo femenino para facilitar la matriculación de las niñas, así como la dificultad de contratarlas. El Ministerio de Educación introdujo incentivos para atraer más maestras, sobre todo en las zonas rurales. Desafortunadamente, la estrategia ha dado pocos resultados: en 80 distritos (uno de cada cinco) no hay ninguna maestra (GPE, 2017).

Cada etapa de un plan debe examinarse a través de una perspectiva de género (Gráfico 15). En primer lugar, una evaluación de género preliminar debería medir las posibles repercusiones de género de la política. En segundo lugar, la elaboración de presupuestos también debe integrar una perspectiva de género, para garantizar que los recursos se destinen adecuadamente y se desembolsen de forma equitativa. En tercer lugar, deben participar múltiples partes interesadas en el examen del plan o la política para cotejarlo con la intención original e identificar discriminaciones o prejuicios explícitos u ocultos. Por último, se debería preparar y publicar un informe sobre la aplicación y los resultados de las políticas, incluyendo un análisis de género y datos desglosados (GPE y UNGEI, 2017).

Se requiere una evaluación de género preliminar en algunos países, por ejemplo Bélgica y Francia desde 2013, antes de finalizar la elaboración de políticas. Canadá, Islandia, México y España también se han comprometido a evaluar las políticas desde una perspectiva de género antes de adoptarlas. En Dinamarca, el gobierno ha creado talleres para desarrollar la capacidad de los ministerios en materia de perspectiva de género y aplicarla a sus labores (OCDE, 2017b).

Los procesos nacionales e internacionales de consulta pueden ayudar a identificar los problemas que se oponen a la promoción de la igualdad de género. Así, en la región de América Latina y el Caribe, se han celebrado desde 1977 conferencias regionales periódicas sobre la mujer. En 2016, tras un amplio proceso de consulta que incluyó a organizaciones de la sociedad civil y a especialistas de los movimientos femeninos y de instituciones académicas, la 13ª Conferencia culminó con la adopción de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género dentro del Marco de Desarrollo Sostenible hacia 2030 (CESR, 2017).

La presupuestación que incluye un análisis y una perspectiva de género puede aclarar cómo se establecen las prioridades y fortalecer la rendición de cuentas. Se originó en Australia en 1984, y en los diez años subsiguientes, la asistencia federal a las familias con niños aumentó en más del 25% (OCDE, 2014). En 2016, el mecanismo se había introducido en 12 de los 34 países de la OCDE. Por ejemplo, una ley belga de 2007 introdujo la presupuestación de género y el uso de datos desglosados por sexo (Quinn, 2016). En Austria, la presupuestación de género es obligatoria a todos los niveles de gobierno desde 2009. En Israel, todos los ministerios deben analizar su presupuesto desde una perspectiva de género desde 2014. La presupuestación de género está en la etapa de planificación en Italia y se encuentra en estudio en la República Checa y Turquía (OCDE, 2017b).

Hasta la fecha, más de 80 países han intentado introducir algún tipo de presupuestación de género (Stotsky, 2016). En Timor-Leste, los requisitos legales de la presupuestación de género condujeron al establecimiento de programas de becas para atender al problema de desigualdad de género en la participación en la educación superior (Christie y Thakur, 2016). En Uganda, como resultado de la introducción de esta perspectiva, se crearon partidas presupuestarias para efectuar el seguimiento de las acciones de promoción de la participación y retención de las niñas en las escuelas (Stotsky et al., 2016).

Los exámenes de los planes educativos deben involucrar a múltiples partes interesadas. En los países que reciben apoyo de la Alianza Global para la Educación, los ministerios de educación invitan, entre otros, a los donantes y las organizaciones de la sociedad civil a llevar a cabo un examen sectorial conjunto de los avances realizados en el sector. Sin embargo, los ministerios de asuntos sociales o de asuntos de género participaron en el 26% de dichos exámenes solamente (Martínez et al., 2017). A menudo, los exámenes se limitan a un debate sobre la actividad y la aplicación del presupuesto. Es más probable que se examinen cuestiones de género sustantivas si se incluyen indicadores de género en los planes y presupuestos, como es el caso en Rwanda (Holvoet e Inberg, 2015).

En la India, tiene lugar dos veces por año una misión conjunta de examen del programa principal de educación básica, la cual se complementa con evaluaciones llevadas a cabo por el Consejo Nacional de Investigación y Formación Educativa (NCERT, 2014). Una evaluación del programa de educación inclusiva a nivel de secundaria recomendó varias mejoras, entre las que gráficoba un mayor hincapié en las niñas (Julka et al., 2013). En Rwanda, los Consejos de Educación operan tanto a nivel de sector como de distrito. Examinan los planes sectoriales y escolares, analizan datos y recomiendan mejoras. Además de los representantes gubernamentales, de las escuelas y de los docentes, el Consejo Nacional de la Mujer está representado en los Consejos de Educación (Honeyman, 2017).

Para proporcionar al público información que obligue a una rendición de cuentas gubernamental, los gobiernos deberían preparar un informe anual de seguimiento de la educación que rastree el avance hacia la igualdad de género, entre otros objetivos del plan nacional de educación. En realidad, solo un país de cada dos había publicado al menos un informe nacional de seguimiento de la educación desde 2010, y solo uno de cada seis países lo había hecho anualmente (UNESCO, 2017a).

El informe anual de desempeño del Ministerio de Educación y Deportes de Uganda informa sobre el desempeño a todos los niveles, desde el preescolar hasta la enseñanza superior, y evalúa el resultado de las políticas cara a sus objetivos originales. Incluye asimismo una sección dedicada al género. Entre las ocho principales preocupaciones políticas se cuentan las persistentes barreras socioeconómicas y culturales a la educación de las niñas y la inadecuación de las infraestructuras, incluyendo las instalaciones sanitarias para las niñas. En 2013/14, Uganda llevó a cabo una serie de intervenciones con una perspectiva específica de género, apuntando a disminuir los embarazos y matrimonios de adolescentes, reducir la discriminación contra las adolescentes embarazadas y elaborar un plan estratégico integral sobre el género en la educación. Los principales resultados obtenidos durante el año incluyeron un aumento de cuatro puntos porcentuales en las tasas de finalización de la educación secundaria por las niñas, una mayor capacidad para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género y una mejor colaboración entre los ministerios responsables, las ONG y los organismos de desarrollo en materia de género (Ministerio de Educación y Deportes de Uganda, 2014).