EL GASTO PÚBLICO

En 2015, el gasto público mediano en educación fue en el mundo el 4,7% del PIB, dentro de la horquilla del 4% al 6% propuesta por el Marco de Acción – Educación 2030. El gasto varió entre el 3,7% en los países de bajos ingresos y el 5,1% en los de ingresos altos. Sin embargo, el gasto público en educación ascendió al 14,1% del gasto público total en 2014, por debajo del 15% al 20% propuesto en el Marco. Hay por lo menos 33 países – ricos y pobres – que no cumplen ninguno de estos porcentajes de referencia en materia de financiación de la educación (Figura 18).

GASTO EN ASISTENCIA

Para alcanzar el ODS 4, la asistencia a la educación en los países de ingresos bajos y medianos bajos tiene que ser seis veces superior a la de 2012. En cambio, el total de la asistencia para educación en 2015 fue un 4% inferior al de 2010, aunque el total de la asistencia oficial para el desarrollo aumentó en un 24% durante el período. Los donantes están desplazando sus prioridades a ámbitos distintos del de la educación. Su porcentaje sobre el total de la asistencia (excluido el alivio de la deuda) disminuyó durante seis años consecutivos, del 10% en 2009 al 6,9% en 2015.

Es preciso mejorar la selección de las necesidades que se busca cubrir para subsanar mejor los déficits de financiación de los países que reciben la asistencia. Los países de bajos ingresos recibieron el 19% del total de la asistencia para educación y el 23% de la asistencia para enseñanza básica en 2015, frente al 21% y al 29%, respectivamente, en 2014 (Figura 19). Entre las regiones, el África subsahariana, donde vive más de la mitad de los niños no escolarizados del mundo, recibió el 26% de la asistencia para enseñanza básica en 2015, menos de la mitad que en 2002.

La asistencia humanitaria a la educación aumentó en más de un 50% en 2016 hasta 303 millones de dólares estadounidenses, pero la financiación para actividades de educación en situaciones de emergencia sigue siendo insuficiente, pues es el 2,7% del total.

Al estar los volúmenes actuales de asistencia a la educación muy por debajo de lo que se necesita para alcanzar las metas esenciales del ODS 4, se debe prestar gran atención a los programas existentes y emergentes que podrían restablecer el equilibrio. Se espera que la Alianza Mundial para la Educación concluya con éxito su campaña de reposición a principios de 2018 y, de ser así, se cuadruplicarán los desembolsos anuales.

La creación de un Servicio Internacional de Financiación de la Educación, propuesta inicialmente por la Comisión Internacional sobre la Financiación de las Oportunidades para la Educación Mundial, recibió un impulso cuando se incluyó una referencia a ella en la Declaración de los Dirigentes del G-20 en la cumbre que celebraron en Hamburgo en julio de 2017. Tendría por finalidad aumentar la capacidad de los bancos de desarrollo de conceder préstamos a los países de ingresos medios bajos.

Por último, el fondo La Educación No Puede Esperar, que alberga el UNICEF, busca transformar la impartición de enseñanza en situaciones de emergencia, no solo desplegando rápidamente fondos al inicio de una crisis, sino, además, algo que es esencial, ayudando a colmar la brecha entre la asistencia humanitaria y la asistencia para el desarrollo. Los donantes tendrán que actuar de manera concertada y coordinada para conseguir que estas tres iniciativas se complementen entre sí y no añadan costos administrativos innecesarios ni den lugar a una duplicación de esfuerzos.

EL GASTO DE LAS FAMILIAS

No se dedica suficiente atención al costo de la educación, que es un gran obstáculo a la participación de las familias en los países de ingresos bajos y medianos. Muchos Ministerios no consideran el gasto público y el privado como un conjunto integrado. Además, como las encuestas de hogares no están homogeneizadas, las estimaciones derivadas de ellas puedan sobrevalorar o infravalorar el total del gasto de las familias. La UNESCO, la OCDE y Eurostat han creado una norma, pero aún no ha influido suficientemente en la concepción de las encuestas.

La inclusión del gasto de las familias puede cambiar la manera de entender la inversión de los países en educación. Por ejemplo, en El Salvador el Estado gasta en educación dos puntos porcentuales del PIB menos que Francia, pero El Salvador en conjunto gasta más porque las familias dedican más de tres puntos porcentuales del PIB a la educación. En general, el porcentaje del gasto total en educación que soportan las familias es mayor en los países de bajos ingresos que en los países de ingresos elevados.

Entre los países de los que se tienen datos, el porcentaje de las familias sobre el gasto total en educación varía del 15% en los países de altos ingresos y el 25% en los de ingresos medianos al 32% en los de ingresos bajos. Excluidos los Estados miembros de la UE y de la OCDE, en más de uno de cada tres países el porcentaje de las familias fue por lo menos el 30% del total. En Camboya, ascendió al 69% en 2011 (Figura 20).

SACAR LECCIONES DEL SECTOR DE LA SALUD PARA IMPLANTAR CUENTAS NACIONALES DE LA EDUCACIÓN

El marco de las Cuentas Nacionales de Educación, que tiene el respaldo de la Alianza Mundial para la Educación, el Instituto de Estadística de la UNESCO y el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, es un instrumento que permite comparar el gasto en educación de fuentes públicas y de las familias en diferentes países. Su finalidad es aprehender todos los niveles de la enseñanza, desde la preprimaria a la superior, incluida la formación profesional, y abarcar a todos los prestatarios y todas las fuentes de financiación.

Hay que aplicar las enseñanzas extraídas de su precursor, el Sistema de Cuentas Nacionales de Salud, que se acordó en 2000 y se revisó en 2011, conforme al cual 112 países han elaborado cuentas. Ahora bien, bastantes países no han adoptado el Sistema, y se lo ha criticado por ser un proyecto impulsado por los donantes. La falta de capacidad ha hecho que a veces hayan elaborado las cuentas unos consultores internacionales y que se hayan concentrado en determinados aspectos del sector, por lo que el proceso no siempre está controlado por los países mismos. Por lo que hace a las cuentas de la educación, se debe hacer que los datos sean útiles para los encargados de formular políticas, especialmente a efectos de presupuestación, y hay que proporcionar recursos para dar a conocer su utilidad.

El proyecto piloto de Cuentas Nacionales de Educación, que concluyó en 2016, se presta a ser utilizado para evaluar y reconfigurar los mecanismos de financiación y permitir la comparabilidad internacional. Los pasos siguientes deben ser constituir un equipo de trabajo internacional integrado por actores de la compilación de datos sobre el gasto en educación y establecer una plataforma que permita a los países compartir conocimientos y retos.

Se debería constituir un equipo de trabajo internacional integrado por actores de la compilación de datos sobre el gasto en educación, así como una plataforma que permita a los países compartir conocimientos y retos