La educación contribuye a desarrollar las capacidades de hombres y mujeres para aplicar las estrategias de desarrollo…

Cada sector necesita profesionales cualificados y en número suficiente para la prestación de servicios, y las estrategias de recursos humanos de todos los sectores deben incorporar la perspectiva de género para que hombres y mujeres puedan participar en el mundo laboral en un pie de igualdad. Debe prestarse más atención a las barreras institucionales con que tropiezan las mujeres que trabajan en los sectores de la salud, el agua, el saneamiento y la agricultura, y también a los estereotipos de género que son transversales a las distintas profesiones.

…EN EL SECTOR DE LA SALUD

Las mujeres ocupan un lugar primordial dentro del personal dedicado a la salud (Langer et al., 2015). Las enfermeras, las personas encargadas de cuidados domiciliarios y de servicios comunitarios de salud son mayoritariamente mujeres. Según una estimación, en muchos países, las mujeres constituyen más del 75% del personal de salud (OMS, 2008). La meta 3.c de los ODS apunta a aumentar la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la formación y la retención del personal sanitario en los países más pobres. Sobre la base de un umbral mínimo de 4,45 médicos, enfermeros y parteros por cada mil personas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que en 2013 había una insuficiencia mundial de 17,4 millones de trabajadores del sector sanitario, entre los que se contaban 2,6 millones de médicos y 9 millones de profesionales de enfermería y partería. Los países que soportan la carga de morbilidad más fuerte son también los que tienen la menor densidad de profesionales de la salud, y lo mismo se aplica dentro de cada país, donde las zonas rurales están rezagadas con respecto a las urbanas (Crisp y Che, 2014).

En lo tocante a la enfermería, la visión estratégica global más reciente prioriza la educación y la contratación, una mayor participación en la elaboración de las políticas de salud, lazos cooperativos de asociación y una voluntad política más afirmada para invertir en una enfermería y partería eficaces y basadas en datos científicos y clínicos sólidos (OMS, 2016). La escasez de personal docente para enseñar en las escuelas de enfermería constituye asimismo un problema; la falta de incentivos adecuados en los programas de estudios, el número reducido de puestos a tiempo completo y la migración mundial de las enfermeras son otros tantos factores que reducen la disponibilidad de personal capacitado para impartir enseñanza en dichas escuelas (Nardi y Gyurko, 2013). Un estudio realizado en 2010 en establecimientos de formación en Kenya puso de manifiesto desigualdades que deben ser tratadas. Los hombres y las mujeres se veían confinados en entornos distintos; la farmacia, por ejemplo, se consideraba un trabajo masculino. Pese a que la profesión de enfermería se ha feminizado, el 80% de los profesores en las escuelas dedicadas exclusivamente a la enfermería eran hombres (Newman, 2014).

En algunos países, se han hecho tentativas para contratar a más enfermeros. Un obstáculo importante a la contratación de hombres es el estereotipo según el cual la enfermería es una profesión femenina. En los Estados Unidos, diversas instituciones se esfuerzan por luchar contra estos estereotipos. Así, la American Assembly for Men in Nursing (Asamblea Americana para el Hombre en Enfermería) promueve la inscripción de hombres en cursos de enfermería, con el objeto de aumentar la matriculación masculina en un 20% de aquí a 2020 (AAMN, 2018; MacWilliams et al., 2013).

Los trabajadores comunitarios de salud capacitados contribuyen en gran medida a mitigar la insuficiencia de personal (UNESCO, 2016a). Estos trabajadores son por lo general residentes locales con una educación básica que reciben formación profesional. Los sistemas de remuneración varían, desde el trabajo voluntario a puestos plenamente remunerados (Olaniran et al., 2017). Estos trabajadores han contribuido de forma sustantiva a reducir la mortalidad maternoinfantil en el mundo entero. En los Estados Unidos, ayudan también a reducir la carga de morbilidad de enfermedades no transmisibles, como la hipertensión y los trastornos cardiovasculares, especialmente por lo que hace a poblaciones de difícil acceso (Perry et al., 2014). En lo tocante a la aceptación por la comunidad, un estudio realizado en la República Unida de Tanzania halló que los hombres y las mujeres se sienten más cómodos con personas de su mismo sexo para tratar temas de salud (Feldhaus et al., 2015).

En Brasil, Etiopía, India y Pakistán, se han desarrollado considerablemente los programas de trabajadores sanitarios comunitarios, y los países se han esforzado por integrar a estos trabajadores en los sistemas de salud (Zulu et al., 2014). Así, en el marco del programa brasileño de servicios especiales de salud pública, 240 000 trabajadores sanitarios visitan a 110 millones de personas en sus hogares. En Pakistán, el programa de trabajadoras sanitarias femeninas (Lady Health Worker Programme) consta de más de 90 000 trabajadoras al servicio del 70% de la población rural del país. La India cuenta con uno de los sistemas más grandes de este tipo, con más de 800 000 agentes sociales de salud acreditados, 1,2 millón de anganwadi (agentes locales de salud maternoinfantil) y más de 200 000 parteras – enfermeras auxiliares (Perry et al., 2014). Reconociendo la importancia de este tipo de programa, en 2017, delegaciones de 23 países prepararon planes para institucionalizar los sistemas comunitarios de salud, en colaboración con USAID, el UNICEF, la OMS y la Fundación Bill y Melinda Gates (Zambruni et al., 2017).

Es preciso atender a diversos problemas para poder mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de salud. En el ámbito de la enfermería, la salud comunitaria y la atención a domicilio, se ha observado que las mujeres efectúan ajustes a nivel privado cara a las dificultades sistémicas con que se enfrentan en su profesión, fomentando las desigualdades de género en los sistemas de salud y en la sociedad (George, 2008). Las trabajadoras comunitarias de salud sufren de sobrecarga laboral, están mal pagadas, y se les brinda escaso reconocimiento y apoyo (Zambruni et al., 2017). Son asimismo a menudo víctimas de la violencia de género, y deben hacerse mayores esfuerzos para proporcionarles un entorno de trabajo seguro (HIFA, 2017).

…EN EL SECTOR DEL AGUA Y SANEAMIENTO

Se necesita una mayor implicación de las mujeres si se quiere alcanzar la meta 6.b, fortalecer la participación de las comunidades locales en la gestión del agua y el saneamiento. Las mujeres se encuentran en primera línea en este sector en tanto trabajadoras de saneamiento comunitario, y sin embargo, en ciertos contextos, son los hombres quienes toman las decisiones por lo que hace a la inversión y la construcción de letrinas. Hay una gran escasez de profesionales cualificados en el sector del saneamiento. El informe GLAAS de 2012, Análisis y evaluación mundiales del saneamiento y el agua potable, que se refiere a 74 países en desarrollo, señala que las mujeres constituyen menos del 10% de la fuerza laboral profesional en la mitad de los países estudiados (OMS y ONU-Agua, 2012).

Un análisis de 12 países de ingresos bajos y medios encontró que las profesionales de sexo femenino constituían el 17% de la fuerza laboral como promedio, siendo el nivel más bajo del 7% en Papúa Nueva Guinea y el más alto del 35% en Burkina Faso y Sudáfrica (Asociación Internacional del Agua, 2014).Las políticas encaminadas a mejorar el equilibrio de género en los servicios del agua requieren mejoras en la educación, inversión en las redes y un mayor uso de las herramientas jurídicas (Das y Hatzfeldt, 2017). El gobierno peruano promulgó en 2007 una ley relativa a la igualdad de oportunidades para abordar temas de gobernanza y relaciones de género. Las autoridades locales adoptaron esta ley y los proveedores de agua de pequeñas poblaciones introdujeron reformas para garantizar una representación igual de mujeres y hombres en los consejos de supervisión de la gestión hídrica. En la República Unida de Tanzania, la Política Nacional del Agua estipula que los comités de gestión hídrica de las comunidades locales deben asegurar una representación igual de hombres y mujeres y aplicar una política de contratación basada en el mérito y con una perspectiva de género. En Uganda, las reformas emprendidas tras un examen de las instituciones efectuado en 2003 acrecentaron la representación femenina en puestos de gestión en el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, que pasó de 0 a 18% (Programa de Agua y Saneamiento, 2010).

En Sudáfrica, la política nacional relativa a las cuestiones de género recomienda que se capacite a las mujeres de las zonas rurales en la gestión y reparación de bombas y sistemas hídricos. El proyecto “Trabajando por el agua” creó 180 000 empleos a tiempo completo en los últimos veinte años y permitió que el 52% de los beneficios obtenidos gracias a la formación y la creación de ingresos recayesen en las mujeres, al exigir que los recursos se asignasen con una perspectiva de género (Asociación Internacional del Agua, 2014).

…Y EN EL SECTOR AGRÍCOLA

El trabajo agrícola se considera a menudo, erróneamente, como un ámbito masculino, pese a que las mujeres constituyen aproximadamente la mitad del sector en el mundo. En los países más ricos, se ha observado un resurgimiento de las mujeres agricultoras y un interés femenino creciente por los estudios superiores de agricultura. En el Reino Unido, la cantidad de mujeres que gestionan explotaciones agrícolas aumentó en cerca del 10% entre 2010 y 2013, y el 28% de la fuerza laboral del sector está constituido por mujeres. En las universidades y escuelas superiores, los cursos relacionados con la agricultura atrajeron un 25% más de mujeres que de hombres en 2015 (Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales – DEFRA, 2016). En Australia, desde 2003, la matriculación femenina en las facultades de agronomía ha sido superior a la masculina, y actualmente la agricultura se considera una profesión igualmente apropiada para ambos sexos (Pratley, 2017).

Las mujeres representan menos de la mitad de la plantilla de investigación agrícola empleada por los gobiernos, las instituciones académicas y las organizaciones sin fines de lucro, pero las variaciones entre países son enormes (Gráfico 10).

En 39 países del África subsahariana, cerca del 27% de los investigadores eran mujeres. Al igual que en muchos otros sectores, la participación femenina disminuye en los cargos de más alto nivel y las mujeres enfrentan muchas dificultades durante su carrera científica y antes de iniciarla (Beintema, 2014).

La educación tiene importantes interacciones con la salud, el agua y saneamiento, y la agricultura

La educación moldea los retos del desarrollo y es a su vez moldeada por ellos. En esta sección se presentan ejemplos de las relaciones existentes entre la educación y los resultados de tres sectores.

La educación influye en el comportamiento de prevención de enfermedades no transmisibles

En 2012, enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes, las enfermedades crónicas respiratorias y cardiovasculares, junto con las provocadas por el alcohol, el tabaco, el exceso de sodio y la actividad física insuficiente, causaron el 68% de las muertes en todo el mundo, y tres cuartas partes de ellas tuvieron lugar en países de bajos y medianos ingresos (OMS, 2014).

La influencia mediadora de la educación en lo tocante a las enfermedades no transmisibles opera a través de diversos canales. La educación incide en el comportamiento por intermedio de procesos cognitivos y psicológicos, la riqueza y la posición social, y el empoderamiento. En un principio, la educación puede afectar de forma negativa el comportamiento sano, dado que una población más instruida puede permitirse el lujo de un estilo de vida poco saludable. A medida que se dispone de más información exacta sobre la salud, la relación entre educación y comportamiento saludable se vuelve positiva, aunque pueden existir variaciones de género (Baker et al., 2017).

LA EDUCACIÓN FORMAL E INFORMAL PUEDE CONTRIBUIR A REDUCIR LA OBESIDAD

Entre 1980 y 2014, la obesidad aumentó más del doble en todo el mundo. La epidemia cobra un marcado carácter mundial, y ningún país ha experimentado una reducción significativa en los últimos treinta años. En la población adulta, la obesidad afectaba en más del 50% a las mujeres en los países de África del Norte y Asia Occidental (Kuwait, Libia y Qatar) y en la región del Pacífico (Kiribati, Estados Federados de Micronesia, Samoa y Tonga) (Ng et al., 2014). El análisis sistemático de 91 países reveló que la relación entre el nivel educativo alcanzado y la obesidad varía en función del nivel de ingresos del país y la prevalencia de la enfermedad (Cohen et al., 2013). En países de bajos ingresos con una menor prevalencia de la obesidad (con pocas excepciones, como Camboya), las mujeres con más estudios son más propensas a ser obesas. En países de ingresos medios con una mayor prevalencia de la obesidad, como Colombia, la República Dominicana y el Perú, se observa el fenómeno opuesto (Gráfico 11).

En los países de altos ingresos, los estudios superiores están vinculados con una menor probabilidad de obesidad, tanto en los hombres como en las mujeres. En 24 países de la OCDE, el 19% de los adultos eran obesos en 2011, y los adultos con estudios superiores tenían la mitad de probabilidades de ser obesos que los que no hubiesen llegado al segundo ciclo de secundaria. En esta última categoría, el 28% de las mujeres (y el 22% de los hombres) eran obesos, frente al 12% de las mujeres (y el 15% de los hombres) con estudios superiores (OCDE, 2013). Estas conclusiones se vieron corroboradas por un análisis de datos longitudinales de mellizos idénticos de sexo masculino en Australia, el cual halló que la educación reducía también la probabilidad de sobrepeso (Webbink et al., 2010).

La obesidad y el sobrepeso están cada vez más vinculados con la educación y las desigualdades socioeconómicas. Una comparación de 34 países de Europa y América del Norte en 2002, 2006 y 2010 reveló que estaban aumentando los efectos de las desigualdades socioeconómicas en materia de salud, como se observaba al medir la actividad física y la masa corporal (Elgar et al., 2015). En los países de la OCDE, la obesidad aumentaba rápidamente entre los hombres de nivel educativo más bajo y las mujeres de nivel educativo medio, con excepción de los Estados Unidos. En la República de Corea, por ejemplo, en 2010 las mujeres con menos estudios eran cinco veces más propensas a la obesidad o el sobrepeso que las mujeres con educación superior, mientras que en 2014 eran seis veces más propensas (OCDE, 2017a).

La actividad física es un comportamiento saludable importante que puede contribuir a reducir la obesidad. En 2010, más del 80% de los adolescentes escolarizados de 11 a 17 años no eran suficientemente activos, es decir que no ejercían una actividad física vigorosa durante 60 minutos por día como mínimo. En la mayoría de los países, las muchachas eran menos activas físicamente que los muchachos (OMS, 2014).

En algunos casos, la actividad física y los movimientos de las adolescentes se ven restringidos por normas legales y culturales. En Arabia Saudita, la obesidad es un problema general de salud pública, pero afecta más a las mujeres que a los varones. El problema está vinculado, al menos en parte, con las restricciones a la actividad física y la educación impuestas a las niñas y mujeres (Mahfouz et al., 2011). En Filadelfia (Estados Unidos), las adolescentes son mucho menos propensas a la actividad física que sus homólogos masculinos: el 28% de las chicas llevaban una vida sedentaria, frente al 11% de los varones (Lenhart et al., 2012).

Un examen de los resultados de 44 estudios dedicados a los programas escolares de actividades físicas reveló que los materiales educativos impresos y los cambios en los programas escolares para promover el ejercicio físico surtieron efectos positivos para la salud y lograron aumentar la duración de las actividades físicas de los alumnos (Dobbins et al., 2013). Las campañas formales y no formales también dieron resultados. En Tonga, la estrategia nacional de prevención y control de enfermedades no transmisibles sirvió para promover las actividades físicas entre las mujeres y alentarlas a jugar al nétbol. A partir de 2012, se han realizado campañas de actualización y movilización comunitaria, campañas publicitarias y actividades de educación interpersonal (OMS, 2014).

LA EDUCACIÓN ESTÁ VINCULADA A UN MENOR CONSUMO DE TABACO

El tabaco es una de las principales causas de muertes evitables en todo el mundo, 6,4 millones en 2015. A escala mundial, en 2012, el 21% de los adultos fumaba: un 36% de hombres y un 7% de mujeres. En el ámbito de la OCDE, 23 países disponían de datos sobre los fumadores, según los cuales el 44% de los hombres y el 32% de las mujeres con un nivel educativo inferior al segundo ciclo de secundaria fumaban, comparado con un 24% de los hombres y un 19% de las mujeres que habían cursado estudios superiores. La incidencia de la educación sigue siendo importante, incluso después de controlar los efectos de la edad y el nivel de ingresos (OCDE, 2013). El consumo de tabaco desglosado por nivel educativo muestra que los hombres con más estudios tienen menos probabilidades de consumir tabaco, tanto en países pobres como en países ricos (Gráfico 12).

La prevalencia del tabaquismo a nivel mundial ha aumentado entre las mujeres con cierto retraso, a medida que cambian las pautas culturales. Si bien el consumo de tabaco tiene una correlación negativa con la educación, esta relación cambia según los grupos de edad y es distinta para hombres y mujeres. En Francia, en la cohorte de mayor edad, los hombres con menos estudios tenían 1,5 vez más probabilidad de fumar que los hombres con más estudios; en la cohorte más joven, los hombres con menos estudios tenían 5 veces más probabilidades de fumar que aquellos con más estudios. En lo tocante a las mujeres, el grupo de mayor edad de mujeres con más estudios tenía dos veces más probabilidades de fumar que las mujeres con menos estudios; en el grupo más joven, las mujeres con menos estudios tenían 3,7 veces más probabilidades de fumar que las mujeres con más estudios (Pampel et al., 2015).

Las empresas tabaqueras han volcado su atención hacia los países más pobres, donde el consumo sigue aumentando. Los datos extraídos de encuestas mundiales sobre el tabaco revelan que el número de adolescentes de sexo femenino que fuman tabaco en los países africanos supera con mucho el número de Las empresas tabaqueras han volcado su atención hacia los países más pobres, donde el consumo sigue aumentando. mujeres adultas, a causa de una mayor promoción de la comercialización y un acceso más amplio al tabaco. En Gambia, por ejemplo, fumaba solo el 3% de las mujeres adultas, pero el 37% de las adolescentes consumían algún tipo de producto del tabaco (Good Business, 2016). Frente a esta situación, se requieren respuestas mundiales con una perspectiva de género. Se observa en cambio que la mayoría de las directrices nacionales sobre el tratamiento del tabaquismo son neutras o ciegas por lo que respecta al género (Bottorff et al., 2014).

La industria del tabaco ha comercializado sistemáticamente cigarrillos de manera diferenciada según el género, utilizando cualidades masculinas o femeninas en sus campañas para atraer a los distintos blancos demográficos a los que apuntan. En el pasado, por ejemplo, la industria gastó miles de millones en publicidad dedicada a las mujeres, sugiriendo que fumar les haría adelgazar (Amos y Haglund, 2000; Cole y Fiore, 2014; Marine-Street, 2012). En Indonesia, país cuya tasa de tabaquismo masculino es una de las más altas del mundo, la prevalencia de la publicidad es muy elevada, y el tabaco está fuertemente asociado a la masculinidad (Ng et al., 2006; Nichter et al., 2009).La educación informal puede influir también en el hábito de fumar. Uno de los elementos disuasivos más eficaces son las advertencias contundentes sobre los riesgos para la salud. Entre enero de 2009 y junio de 2014, el número de países que llevaron a cabo campañas nacionales antitabaco masivas de tres semanas de duración por lo menos aumentó de 23 a 39 (OMS, 2015b).

Para educar a los jóvenes acerca de la publicidad de la que son blanco, lo mejor es utilizar los mismos métodos de mercadotecnia que utiliza con éxito la industria del tabaco (Barbeau et al., 2004). En algunos países, se ha utilizado la imagen del padre y el hombre de familia para contrarrestar la asociación entre tabaco y masculinidad y alentar a los hombres a dejar de fumar (Bottorff et al., 2014). En Botswana, una campaña basada en los medios sociales invitó a las adolescentes a utilizar unas frases específicas para indicar su decisión de no fumar. La campaña se ha convertido en parte integrante de la vida social de los adolescentes y goza también de gran popularidad en Facebook (Good Business, 2016).

LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL AGUA Y EL SANEAMIENTO AFECTAN NEGATIVAMENTE A LAS NIÑAS Y LAS MUJERES

La calidad del agua y el saneamiento tiene una importante incidencia en el desarrollo cognitivo y las funciones cerebrales de los niños, e influye en la capacidad de aprendizaje durante toda la vida (Piper et al., 2017). Pero hay también otros vínculos entre el agua, el saneamiento y la educación.

Las niñas y las mujeres se encargan de transportar el agua en la mayoría de los casos, especialmente en las zonas rurales. Por consiguiente, la falta de acceso fácil al agua para usos domésticos conlleva efectos negativos para la asistencia a la escuela (UNESCO, 2015a). En Ghana, el análisis de cuatro rondas de datos de encuestas sobre demografía y salud realizadas entre 1993 y 2008 reveló que si se reducía a la mitad el tiempo de acarreo del agua, la asistencia de las niñas a la escuela aumentaba en unos 7 puntos porcentuales (Nauges, 2017). Según un estudio efectuado en 24 países del África subsahariana, 13,5 millones de mujeres y 3,4 millones de niños pasan más de 30 minutos cada día recolectando agua para usos domésticos; en todos los países, las niñas tenían más probabilidad que los niños de encargarse de acarrear agua (Graham et al., 2016).

El cambio climático y el crecimiento demográfico agravan la inseguridad hídrica e intensifican su impacto sobre la educación. En Botswana, por ejemplo, más de la mitad de las niñas pasaban más tiempo yendo a buscar agua para usos domésticos durante las sequías (Chigwanda, 2016). En la India, en los estados de Gujarat y Rajastán, una encuesta a estudiantes de 500 familias que concurrían a 8 escuelas secundarias reveló que más del 90% consideraban que la escasez de agua era un problema grave que incidía en su educación. El 60% de los estudiantes perdía como promedio dos días de clase por mes. En Rajastán, las estudiantes de sexo femenino faltaban a clase cinco días por mes como mínimo, de dos a diez veces más que sus contrapartes de sexo masculino (Kookana et al., 2016)

Las políticas encaminadas a mejorar el acceso a las infraestructuras relacionadas con el agua constituyen una herramienta importante para reducir el tiempo que insumen estas tareas. En Nepal, un proyecto comunitario de abastecimiento de agua y saneamiento se fijó un objetivo de acceso a las letrinas, para brindar a las mujeres un entorno más seguro y reducir el tiempo necesario para traer agua a los hogares. El tiempo medio de acarreo de agua se redujo de 3,8 a 2 horas por día, lo que liberó tiempo para actividades educativas (Banco Asiático de Desarrollo, 2015). En China, un gran programa de tratamiento del agua que se inició en los años 1980, resultó tan beneficioso para las niñas de zonas rurales que se eliminó la disparidad de género en materia de educación en las poblaciones tratadas (Zhang y Xu, 2016).

Los problemas de escasez de agua se plantean también en los barrios pobres de las ciudades. En zonas de viviendas de bajos ingresos de Blantyre (Malawi), las poblaciones de áreas periurbanas no tienen acceso a agua salubre y transportable. En zonas de asentamientos irregulares, a menudo las niñas no van a la escuela para ayudar a sus madres a traer agua al hogar (Chipeta, 2009). En Delhi (India), el 20% de los habitantes vive en tugurios y asentamientos. Las madres señalan que las niñas faltan a la escuela porque deben realizar diversas tareas, incluyendo el acarreo de agua. Esta situación ha empeorado a causa del crecimiento de la población en los tugurios, el aumento de la sequía y la imprevisibilidad de las lluvias (Kher et al., 2015)

El manejo de la higiene menstrual es una cuestión clave para la escolarización de las adolescentes

La higiene menstrual es un tema de salud pública que requiere una mejor planificación (Mahon y Fernandes, 2010). La cuestión ha cobrado mayor visibilidad a nivel mundial en los últimos años (Sommer y Sahin, 2013). Sin embargo, en solo 11 de los 74 países estudiados se habían establecido políticas coherentes de financiación del saneamiento dedicadas a las mujeres (OMS y ONU-Agua, 2017).

La falta de atención sanitaria adecuada para las adolescentes tiene varias consecuencias para la educación. En Bangladesh, según un estudio nacional representativo realizado en 2013, el 41% de las escolares de 11 a 17 años del país faltaban a la escuela 2,8 días por cada ciclo menstrual (Alam et al., 2017).

Un análisis reciente de los documentos de políticas escolares de 21 países de ingresos bajos y medios encontró que se hacía poco hincapié en el manejo de la higiene menstrual en los planes del sector educativo (Sommer et al., 2017). Según un estudio efectuado en zonas rurales de Etiopía, Kenya, Mozambique, Rwanda, Uganda y Zambia, menos del 20% de las escuelas tenían al menos cuatro de los cinco servicios de higiene menstrual recomendados (letrinas separadas por sexo con puertas y cerraduras, agua para uso, recipientes para residuos) (Morgan et al., 2017).

Un estudio de viabilidad en zonas rurales de Kenya examinó las instalaciones de agua y saneamiento en 62 escuelas primarias durante visitas sin previo aviso. Se encontró que en el 60% había agua para lavarse las manos, en el 13% agua de lavado en las letrinas y solo en el 2% se disponía de jabón (Alexander et al., 2014). Los datos sobre los gastos de agua, saneamiento e higiene en 89 escuelas primarias rurales de Kenya arrojaron un gasto promedio de 1,83 dólar por alumno y por año, mientras que el costo estimado para alcanzar las normas básicas era de 3,03 dólares por estudiante y por año (Alexander et al., 2016).

Se está desarrollando en algunos países una mayor concienciación acerca de las políticas relativas a este tema. En la India, el gobierno propuso en 2010 un nuevo plan de subsidios para proporcionar toallas sanitarias en zonas rurales (Garg et al., 2012). Entre 2007 y 2015, un estudio relativo a 28 estados y 4 territorios de la Unión en la India encontró que la existencia de baños separados para las niñas en las escuelas tiene una correlación positiva con la matriculación y la participación en los últimos grados de la enseñanza primaria. Sin embargo, esto no mejora la situación para las poblaciones de las castas desfavorecidas, lo que parece indicar que hay otros problemas de equidad vinculados con la intocabilidad (Ray y Datta, 2017).

Otras problemáticas que se plantean implican combatir las actitudes negativas con respecto a la menstruación y proporcionar más información y servicios de salud en las escuelas (Sommer et al., 2015). En las zonas rurales de Bolivia, las niñas recibían de sus maestros y padres poca información acerca del manejo de la higiene menstrual, lo que indica la necesidad de su inclusión en los programas escolares y las políticas nacionales (Johnson et al., 2016).

SE REQUIEREN ACCIONES EDUCATIVAS PARA LLEGAR A LAS AGRICULTORAS

Mejorar la productividad agrícola es un objetivo clave del ODS 3. En 2010, las mujeres representaban alrededor del 50% de la mano de obra agrícola en el África subsahariana. Se estima que la productividad de las mujeres por hectárea es inferior a la de los hombres, lo que se debe principalmente a un acceso limitado a la tierra, la tecnología y otros insumos. Si las mujeres tuviesen el mismo acceso a los recursos, sus rendimientos aumentarían entre un 20% y un 30% (FAO, 2011).

Los hombres utilizan más insumos que las mujeres, incluyendo fertilizantes inorgánicos, variedades de semillas y servicios de extensión agrícola (Peterman et al., 2014). En el norte de Nigeria, las mujeres producen un 28% menos que los hombres. Sin embargo, una vez efectuado el control de los factores de producción en cuestión, ya no se observaban diferencias en el sur del país (Oseni et al., 2015). En Etiopía se observó también un diferencial de productividad entre hombres y mujeres (Aguilar et al., 2015). En Uganda, se halló que los hombres usaban más insumos, y la principal diferencia entre hombres y mujeres estaba relacionada con las responsabilidades del cuidado de los niños (Ali et al., 2016).

El diferencial de productividad indica la necesidad de una mejor capacitación y apoyo. Se sabe desde hace mucho tiempo que los servicios de extensión y asesoría agrícola a menudo no llegan a las mujeres. Un análisis del acceso a los servicios de extensión efectuado en Etiopía en 2010 encontró que las mujeres jefas de familia tienen menos probabilidades de acceder a los servicios de extensión (Ragasa et al., 2013). Un estudio anterior, realizado en Nigeria, reveló que las agricultoras supervisadas por agentes de extensión de sexo femenino tenían más probabilidades de acceso a los servicios de extensión y de alcanzar niveles más altos de conciencia y participación, lo que parece indicar que las organizaciones de extensión deberían contratar más mujeres entre sus agentes (Lahai et al., 1999). Un análisis de la calidad del asesoramiento recibido por las mujeres en Sri Lanka encontró que las mujeres hablaban más sobre sus cultivos con las “médicas de las plantas” que con sus contrapartes de sexo masculino (Lamontagne-Godwin et al., 2017).

Sin embargo, también se ha sugerido que para avanzar hacia un control de activos y recursos que sea equitativo en materia de género, se debería hacer hincapié en la colaboración entre hombres y mujeres, en lugar de centrarse solo en las mujeres (Russell et al., 2015). En el este de la República Democrática del Congo, la participación conjunta de hombres y mujeres en programas de extensión agrícola condujo a una amplia adopción de tecnologías tales como variedades de leguminosas mejoradas, siembra en hileras y fertilizantes minerales, en mayor grado que si las acciones se hubiesen destinado solo a las agricultoras (Lambrecht et al., 2014).

Otros estudios indican que, para beneficiar a los agricultores de las cooperativas, los programas de desarrollo agrícola deben tener en cuenta las responsabilidades, las limitaciones y los recursos específicos de cada género. La presentación de las tasas de productividad agrícola desglosadas por sexo está plagada de supuestos, lo que significa que la opinión de la sabiduría popular, según la cual la productividad de las mujeres es menor, es difícil de confirmar por completo. Pero dado que las mujeres desempeñan una proporción mayor de otras tareas domésticas, algunos argumentan que para mejorar la productividad agrícola de las mujeres es preciso ir más allá del sector agrícola, con medidas que puedan aliviar las pesadas faenas que cumplen las mujeres, como por ejemplo un mejor acceso al agua y la mejora de la salud y la educación infantil (Doss, 2017).