Alcanzar la igualdad de género en la educación implica unos procesos complejos y los esfuerzos de numerosos actores. La rendición de cuentas puede contribuir a que todo funcione de la forma debida. La rendición de cuentas es un proceso que ayuda a las personas y a las instituciones a cumplir con sus responsabilidades y alcanzar metas. A los efectos de este estudio, podemos entender que consta de tres elementos principales: en primer lugar, el actor debe tener unas responsabilidades claramente definidas; en segundo lugar, el actor debe tener la obligación de dar cuentas del desempeño de sus responsabilidades; y en tercer lugar, la obligación de rendir cuentas debe tener una justificación legal, política, social o moral.

Cómo se definen y asignan las responsabilidades depende de cómo se conceptualiza el género. Los tres conceptos de desigualdad de género que se presentan a continuación, cada uno con una perspectiva de amplitud creciente, inciden de forma distinta en la naturaleza, el enfoque y los límites de la rendición de cuentas (Unterhalter et al., 2018) (Gráfico 13):

• El nivel más restringido y descriptivo examina las posibilidades encaminadas a garantizar la paridad de género en la participación en la educación y los resultados del aprendizaje, dejando de lado las cuestiones relacionadas con las relaciones de poder que conducen a la desigualdad de género.
•  El nivel siguiente, con una perspectiva más analítica, apunta a presentar y cuestionar las relaciones y los procesos vinculados con el ejercicio del poder, que conducen a la desigualdad de género.
•  El nivel más amplio se refiere a las aspiraciones normativas relacionadas con la justicia o la igualdad en la sociedad más allá de la educación misma.

Los tres enfoques son válidos, y deben aceptarse las diferencias de conceptualización. Es preciso conocer todos los niveles para poder cuestionar los estereotipos, los procesos pedagógicos y los resultados de la educación, y para determinar si un sistema educativo respalda el avance de los derechos o bien si es cómplice en su socavamiento.

El gobierno, por ejemplo, es un actor responsable que provee educación. En el nivel más restringido, se puede definir la responsabilidad del gobierno como la obligación de garantizar la paridad de género en las tasas de participación, las asignaciones de fondos y la representación en los órganos de decisión. Aquí, los mecanismos de rendición de cuentas deberían obtener datos desglosados para controlar las disparidades y apoyar programas de acción afirmativa para alcanzar la paridad. En el siguiente nivel, el gobierno es responsable y debería rendir cuentas acerca de los procesos de formulación de políticas educativas que ha definido y en los que se basa la desigualdad de género. Por último, al nivel más alto, el gobierno debe examinar de qué forma las principales políticas afectan el ejercicio igual de los derechos a largo plazo. Los mecanismos de rendición de cuentas requieren aquí pruebas cualitativas que documenten la intersección entre el género y el poder.

Garantizar la igualdad de género en la educación es una empresa colectiva en la que todos los actores, no solo el gobierno, deben trabajar juntos para cumplir con sus responsabilidades. Por ejemplo, las escuelas y los maestros no operan aisladamente; dependen de las acciones de los demás, desde las decisiones del gobierno hasta las influencias sociales, para cumplir sus responsabilidades por lo que hace a la igualdad de género. A causa de esta interdependencia, los mecanismos de rendición de cuentas dirigidos aisladamente a una persona o institución no siempre son plenamente eficaces para lograr la igualdad de género en la educación.

El gobierno, por ejemplo, es un actor responsable que provee educación. En el nivel más restringido, se puede definir la responsabilidad del gobierno como la obligación de garantizar la paridad de género en las tasas de participación, las asignaciones de fondos y la representación en los órganos de decisión. Aquí, los mecanismos de rendición de cuentas deberían obtener datos desglosados para controlar las disparidades y apoyar programas de acción afirmativa para alcanzar la paridad. En el siguiente nivel, el gobierno es responsable y debería rendir cuentas acerca de los procesos de formulación de políticas educativas que ha definido y en los que se basa la desigualdad de género. Por último, al nivel más alto, el gobierno debe examinar de qué forma las principales políticas afectan el ejercicio igual de los derechos a largo plazo. Los mecanismos de rendición de cuentas requieren aquí pruebas cualitativas que documenten la intersección entre el género y el poder.

Garantizar la igualdad de género en la educación es una empresa colectiva en la que todos los actores, no solo el gobierno, deben trabajar juntos para cumplir con sus responsabilidades. Por ejemplo, las escuelas y los maestros no operan aisladamente; dependen de las acciones de los demás, desde las decisiones del gobierno hasta las influencias sociales, para cumplir sus responsabilidades por lo que hace a la igualdad de género. A causa de esta interdependencia, los mecanismos de rendición de cuentas dirigidos aisladamente a una persona o institución no siempre son plenamente eficaces para lograr la igualdad de género en la educación.

Aun así, se pueden identificar responsabilidades relacionadas con personas o instituciones en particular, y se puede esperar que los responsables den cuenta de sus acciones, incluso si los problemas y soluciones difieren según el contexto. Este estudio describe una gama de herramientas de rendición de cuentas en diversos contextos y examina cómo han motivado o no a los actores a cambiar su comportamiento para lograr la igualdad de género en la educación (Cuadro 6).

En los sistemas democráticos, el voto permite a todos los ciudadanos pedir cuentas a los políticos, incluidos aquellos responsables de la educación y la igualdad de género, si bien es cierto que en algunos contextos la conveniencia política puede ser contraria a la promoción de los objetivos de igualdad de género. Los actores del sector educativo pueden transferirse recíprocamente la responsabilidad invocando leyes y reglamentos. Los mecanismos pueden variar: en ciertos casos el gobierno mismo efectúa controles para verificar que las normas se cumplan internamente en los diversos niveles y organismos; en otros casos instituciones independientes analizan la paridad de género en materia de remuneraciones y asignación de fondos. Los códigos de conducta formales o, con mayor frecuencia, informales, constituyen la base de la rendición de cuentas social y profesional acerca de la educación; estos códigos exigen que las personas respeten las normas de responsabilidad aceptadas por sus comunidades y sus pares. Si bien los mecanismos vinculados con el desempeño son cada vez más frecuentes para los resultados educativos relacionados con los puntajes de los exámenes, no se utilizan aún sistemáticamente para garantizar el cumplimiento de los objetivos de igualdad de género.

Algunos actores pueden utilizar enfoques variados por lo hace a la rendición de cuentas. Por ejemplo, la comunidad internacional puede aplicar herramientas jurídicas cuando pone en marcha los mecanismos de seguimiento de un tratado vinculante, herramientas de desempeño cuando no otorga ayuda financiera a un país debido a sus antecedentes negativos en materia de igualdad de género, o herramientas sociales cuando critica abiertamente políticas discriminatorias.

Existe una amplia gama de enfoques posibles para la rendición de cuentas, y los países los emplean en una medida muy diversa. En algunos países, una grave carencia de controles y contrapesos es un síntoma de negligencia en el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales o profesionales. La carencia de mecanismos de rendición de cuentas ha sido considerada como la «principal barrera para la incorporación efectiva de la perspectiva de género» en los países de la OCDE (OCDE, 2014). En otros países, los mecanismos de rendición de cuentas para la igualdad de género en la educación se están arraigando cada vez más. Sin embargo, no está totalmente probada la eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas para la igualdad de género en la educación. Algunos países logran sus objetivos educativos sin hacer explícitamente hincapié en los mecanismos de rendición de cuentas. En otros países, estos mecanismos han contribuido a centrar la atención en lo que realmente importa y han evitado violaciones de los derechos.

Esta parte del documento analiza los datos relativos a los mecanismos establecidos para hacer rendir cuentas a los principales responsables encargados de garantizar la igualdad de género en la educación. Consta de cuatro secciones. En la primera sección se examina cómo se definen en un país las responsabilidades en materia de igualdad de género en la educación a nivel global y cómo se hacen cumplir. La segunda sección trata las obligaciones legales que tienen los gobiernos de crear planes educativos que no sean discriminatorios. Las dos últimas secciones examinan las responsabilidades de los principales actores del sector educativo para garantizar la igualdad de género en el acceso a la escuela y durante toda la trayectoria escolar.